Fuente: The Guardian - Autor: Jonathan Watts - 27 de Septiembre de 2021.
Una de las mayores explotaciones mineras jamás vistas en la Tierra pretende expoliar un océano que apenas empezamos a comprender
Una breve nota burocrática desde un micro-estado brutalmente degradado en el Pacífico Sur hacia una institución poco conocida en el Caribe está a punto de cambiar el mundo. Pocas personas son conscientes de sus posibles consecuencias, pero es seguro que los impactos serán de gran alcance. La única cuestión es si ese cambio irá en detrimento del medio ambiente mundial o en beneficio de la gobernanza internacional.
A finales de junio, la república insular de Nauru informó a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (International Seabed Authority o ISA), con sede en Kingston (Jamaica), de su intención de empezar a explotar los fondos marinos dentro de dos años a través de una filial de una empresa canadiense, The Metals Company (TMC, hasta hace poco conocida como DeepGreen). Por inocente que parezca, esta nota fue el detonante que inició una carrera de recursos en la última gran frontera del planeta: las llanuras abisales que se extienden entre las plataformas continentales en las profundidades de los océanos.
maquinaria pesada para realizar minería en el fondo marino
En los tres meses transcurridos desde que se disparó, el sonido de ese disparo ha reverberado en las oficinas gubernamentales, los movimientos conservacionistas y las academias científicas, y ahora está empezando a llegar a un público más amplio, que se pregunta cómo el destino del mayor de los bienes comunes mundiales puede decidirse por un acuerdo de patrocinio entre una pequeña isla y una multinacional minera.
Los riesgos son enormes. La supervisión es casi imposible. Los reguladores admiten que la humanidad sabe más del espacio profundo que del océano profundo. La tecnología no está probada. Los científicos ni siquiera están seguros de lo que vive en esos profundos ecosistemas. Los gobiernos estatales aún no se han puesto de acuerdo sobre las normas de explotación de los océanos profundos. En ninguna votación nacional se ha votado nunca sobre la excavación de los fondos marinos. Los conservacionistas, entre los que se encuentran David Attenborough y Chris Packham, sostienen que es una imprudencia seguir adelante con tanta incertidumbre y tal potencial de devastación por delante.
Louisa Casson, defensora de los océanos en Greenpeace Internacional, afirma que el plazo de dos años es "realmente peligroso". Dados los riesgos potenciales de alteración de la pesca, contaminación del agua, contaminación acústica y destrucción del hábitat de los pulpos dumbo, los pangolines marinos y otras especies, afirma que no deberían aprobarse nuevas licencias. "Esto es ahora una prueba para los gobiernos que dicen querer proteger los océanos", dijo. "No pueden permitir que estas empresas imprudentes se lancen a una carrera hacia el fondo, en la que ecosistemas poco conocidos serán arrasado para obtener beneficios, y los riesgos y responsabilidades se trasladarán a las pequeñas naciones insulares. Necesitamos una moratoria urgente de la minería de aguas profundas para proteger los océanos".
La minería del fondo marino trae consigo riquezas minerales y el riesgo de una extinción masiva - aquí
Las empresas mineras también insisten en la urgencia de iniciar la exploración. Dicen que los minerales -cobre, cobalto, níquel y magnesio- son esenciales para una transición ecológica. Si el mundo quiere descarbonizarse y alcanzar las emisiones netas cero en 2050, dicen que debemos empezar a extraer pronto los recursos para las baterías de los coches y las turbinas eólicas. Ya cuentan con permisos de exploración para una extensión del lecho marino internacional tan grande como Francia y Alemania juntas, una zona que probablemente se ampliará rápidamente. Todo lo que necesitan ahora es un conjunto de normas de funcionamiento acordadas internacionalmente. La ISA, creada en 1994 por las Naciones Unidas para supervisar la exploración sostenible de los fondos marinos en beneficio de toda la humanidad, está elaborando el reglamento. Pero los avances son más lentos de lo que desearían las empresas mineras y sus inversores.
Los costes ocultos de la energía solar fotovoltaica -aqui
Por eso la acción de Nauru es fundamental. Al activar la "regla de los dos años", el país insular ha dado a los reguladores 24 meses para terminar el reglamento. En ese momento, la filial de TMC, Nauru Ocean Resources Inc. (NORI), tiene previsto solicitar la aprobación para iniciar la explotación minera en la zona Clarion-Clipperton, una extensión del Pacífico Norte entre Hawai y México.
El océano profundo es el entorno menos conocido de la Tierra, un reino que sigue inspirando asombro y maravilla. Según una estimación, el 90% de las especies que recogen los investigadores son nuevas para la ciencia, incluido el pálido pulpo "fantasma" que pone sus huevos en tallos de esponja anclados a nódulos de manganeso o los xenofíforos unicelulares del tamaño de una pelota de tenis. En las zonas de medianoche, hadal y abisal, los peces y otras criaturas deben fabricar su propia luz. Los peces de mandíbula suelta bioluminiscente y los diablos negros jorobados, un tipo de pez pescador, han evolucionado con linternas incorporadas para buscar y atraer a sus presas. Los visitantes que acuden por primera vez esperan que haya oscuridad y regresan llenos de asombro ante los espectáculos submarinos de fuegos artificiales vivientes. Los biólogos marinos creen que puede haber más criaturas bioluminiscentes en las profundidades marinas que especies en tierra firme.
También se cree que hay una mayor riqueza de minerales como el cobre, el níquel, el cobalto y elementos de tierras raras como el itrio, así como importantes vetas de oro, plata y platino. La mayoría se encuentran cerca de respiraderos hidrotermales o en concreciones rocosas conocidas como nódulos polimetálicos que pueden ser tan grandes como un puño o tan pequeños como una escama de piel. El reto consiste en extraerlos y sacarlos a la superficie. Cuando se hicieron los primeros intentos de extraer nódulos a mediados de la década de 1970, el director ejecutivo encargado de la operación describió exasperadamente la tarea como "estar de pie en la cima del Empire State Building, tratando de recoger pequeñas piedras en la acera con una paja larga, de noche". La tecnología actual ha avanzado, pero los científicos y los conservacionistas dudan de que esté lista y de que se comprendan plenamente los riesgos medioambientales. Les gustaría tener más tiempo. Nauru y TMC les han dado menos. Al reloj de la cuenta regresiva le quedan ahora 21 meses, y contando.
La historia no anima mucho a los habitantes de las profundidades a pensar que la cuestión se resolverá a su favor. La minería ha proporcionado los bloques de construcción de la civilización. Sin el mineral, la humanidad no podría haber tenido la edad de hierro, la edad de bronce y, desde luego, tampoco las grandes culturas de la antigua China, Nubia, Egipto, Grecia, Roma, los aztecas o los mayas. En los tiempos modernos, sobre todo en la gran aceleración de los últimos 70 años tras la Segunda Guerra Mundial, probablemente se ha extraído más de la Tierra que en toda la historia humana anterior junta.
Los materiales para un entorno construido y fabricado se extraen a expensas de la belleza natural, la resiliencia y la estabilidad. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esto se consideró una compensación justa. Los costes - bosques talados, paisajes marcados, agua contaminada, aire lleno de polvo, carcinógenos y gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera- se desconocían o se consideraban pequeños en comparación con las ganancias. Rara vez aparecían en los balances empresariales o nacionales. Los mineros extrajeron petróleo, gas, carbón, hierro, oro, cobre, litio y otros minerales, mientras dejaban que otras especies, comunidades remotas y generaciones futuras pagaran el precio.
Un retroceso a la era de los barones ladrones
La minería ha sido a menudo un negocio basado en la importación de recursos y la exportación de riesgos. En las últimas décadas, esta compensación se ha puesto en tela de juicio a medida que avanzaba el conocimiento científico de las consecuencias. La preocupación por el medio ambiente ha hecho que se exija una regulación más estricta. Sin embargo, la supervisión, si es que existe, a menudo está determinada por los que se benefician a corto plazo y no por los que tienen que limpiar el desastre que queda. Además, las minas se alejan de los centros de poder, lo que significa que hay menos probabilidades de que se produzcan protestas de los que viven cerca, de que los medios de comunicación se hagan eco, de que los conservacionistas se opongan o de que se interpongan recursos legales. La mayoría de las megamineras actuales se encuentran en regiones remotas: el complejo de mineral de hierro de Carajás y la mina de bauxita de Paragominas, en el estado de Pará, al norte de Brasil; la mina de cobre de Oyu Tolgoi, en el desierto de Gobi, en Mongolia; la mina de cobre de Bingham Canyon, en las montañas de Oquirrh, en Utah; la mina de cobre de Chuquicamata, en el desierto de Atacama, en Chile; la mina de Mirny, en la Rusia siberiana; o los numerosos pozos de petróleo y gas en alta mar del Golfo de México, el Mar del Norte, el Caribe y otros lugares.
Si la explotación minera en las profundidades del océano es tecnológicamente difícil y costosa, la supervisión independiente es aún más difícil: más allá de todas las jurisdicciones nacionales, demasiado costosa para las organizaciones medioambientales, demasiado inaccesible para que la visiten todos, excepto los periodistas invitados, y totalmente libre de personas, por lo que no hay posibilidad de asaltos por parte de los manifestantes. Los peces, los crustáceos y los microbios pueden sufrir, pero no pueden quejarse.
Al igual que casi todos los demás proyectos mineros de la historia, TMC y otras empresas mineras prometen mantener las normas medioambientales más estrictas, y operar dentro de las directrices establecidas por los organismos reguladores. Y al igual que casi todos los demás proyectos mineros de la historia, les interesa ejercer presión sobre esos mismos organismos reguladores para que los proyectos salgan adelante rápidamente con unas normas medioambientales que no hundan sus resultados.
Payal Sampat, director del programa de minería de la organización benéfica medioambiental Earthworks, dijo que el enfoque apresurado de la minería de aguas profundas recordaba a los buscadores del salvaje oeste del siglo XIX. "Esto es un retroceso a la época de los barones ladrones. Nuestro patrimonio mundial se está decidiendo en pequeñas discusiones de trastienda. La mayoría de la gente ignora por completo que se está tomando esta enorme decisión que cambiará el planeta. Es muy poco transparente". Dijo que la industria minera nunca ha estado debidamente regulada. Las megaexplotaciones actuales son tan grandes que pueden verse desde el espacio, pero se rigen por leyes elaboradas hace 150 años, en la época de los picos y las palas. "La minería de aguas profundas representa realmente una continuación de esa mentalidad extractivista destructiva. Se trata de buscar la próxima frontera en lugar de utilizar mucho mejor los recursos que ya tenemos".
El páramo
Nauru debería ser un recordatorio saludable de la espiral destructiva que se produce cuando un ecosistema se agota. El suelo de la isla, antes descrito como un idilio del Pacífico, fue despojado de fosfatos primero por los británicos, luego por los alemanes y después por los neozelandeses y australianos. Querían los depósitos para fertilizar los jardines y las tierras de cultivo en sus propios países, y prometieron restaurar el paisaje y compensar plenamente a los afectados por los daños medioambientales. En el momento de la independencia, en 1968, quedaba suficiente fosfato para convertir a los 12.000 habitantes del país en el segundo pueblo más rico de la Tierra. Cuando los precios del fosfato subieron de 10 dólares la tonelada a más de 65 dólares en la década de 1970, el producto interior bruto per cápita superó los 50.000 dólares, sólo superado por Arabia Saudí.
Pero en dos décadas, el recurso estaba prácticamente agotado, dejando un paisaje lunar interior de roca nudosa y puntiaguda y una economía en ruinas. Los fondos de restitución debían rehabilitar 400 hectáreas (un 19% de la superficie del país), pero se han malgastado en los últimos 25 años, con apenas seis hectáreas recuperadas.
La destrucción de la capa superior del suelo ha causado problemas imprevistos al clima, la vegetación y la sociedad locales. La pérdida de vegetación ha impedido que se formen nubes de lluvia sobre la isla y ha provocado más sequías. Varias especies de plantas endémicas están ahora en peligro de extinción y la producción de alimentos se ha visto afectada. Los habitantes han pasado de los productos locales sanos, como los cocos, a los productos grasos y salados en conserva, lo que ha dado lugar a uno de los mayores niveles de obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes del mundo. Como dijo un ex ministro de finanzas: "Nauru fue una vez un paraíso tropical, una selva tropical repleta de frutas y flores, vides y orquídeas. Ahora, gracias a la avaricia humana... y a la miopía, nuestra isla es en su mayor parte un páramo".
Los 12.000 habitantes han resistido los repetidos intentos de reubicarlos en una isla frente a Queensland y han buscado nuevas formas de ganarse la vida. Tras el colapso de la economía, el gobierno, desesperado, recurrió a la banca extraterritorial. Pero, con clientes que incluían a la mafia rusa y a Al Qaeda, el Tesoro estadounidense incluyó la isla en su lista negra como centro de blanqueo de dinero y corrupción. Tras ese fracaso, el microestado se alquiló a Australia como centro de detención de solicitantes de asilo, un negocio que ahora proporciona más de la mitad de los ingresos del Estado. Cuando eso decayó, Nauru empezó a echar el ojo a los fondos marinos circundantes asociándose con TMC, que paga decenas de millones de dólares al año en concepto de regalías por su filial NORI, que es de su propiedad.
En la ISA, se supone que Nauru es una nación patrocinadora de TMC. En realidad, la isla actúa más como un estado cliente para la corporación, y un ejecutivo de la compañía puede comportarse como su portavoz. En 2019, como presidente de DeepGreen Metals, Gerard Barron, figuró como miembro de la delegación de Nauru y habló desde su banca en la isla en la reunión plenaria.
No es de extrañar, pues, que esta pequeña nación, que constituye sólo el 0,00016% de la población mundial, tomara la iniciativa de abrir el fondo marino. Pocos observadores dudan de que esto se hizo a instancias de la TMC.
Matthew Gianni, cofundador de la Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas, dijo: "Todo esto tiene que ver con el dinero - dinero para DeepGreen [TMC] y sus accionistas y dinero para Nauru - y con el temor de que si DeepGreen no obtiene pronto una licencia, los inversores abandonarán la empresa y tanto DeepGreen como Nauru perderán cualquier ingreso". Dijo que el caso mostraba la necesidad de sacudir la gobernanza internacional. "El proceso de toma de decisiones de la ISA está gravemente viciado y hay que arreglarlo".
En lugar de hacer comentarios, The Metals Company remitió las preguntas a tres expertos externos que, según dijo, estaban especializados en ecosistemas de aguas profundas y en la dinámica de los penachos.
TMC forma parte de un grupo de empresas mineras que sostienen que los minerales de los fondos marinos son esenciales para que el mundo haga la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. A Barron, su director general y presidente, le gusta afirmar que una sola batería de vehículo eléctrico de 75 kW requiere 56 kg de níquel y 7 kg de manganeso y cobalto, además de 85 kg de cobre para el cableado del vehículo. Para convertir los más de 1.000 millones de coches de combustión del mundo en eléctricos se necesitaría mucho más metal del que se produce actualmente en tierra. Según Barron, el aprovechamiento de los recursos del fondo marino no cerraría la brecha de suministro, pero podría acelerar la transición, reducir las emisiones de la minería y proporcionar ingresos a los países más pobres. Como muestra del compromiso de TMC con el medio ambiente, afirma que la empresa detendrá la producción cuando el mundo tenga suficientes minerales para 2.000 millones de baterías, ya que eso sería suficiente para permitir el reciclaje completo.
Pero muchos fabricantes de baterías y usuarios industriales se alinean con los conservacionistas en lugar de con los mineros. En abril, BMW, Volvo, Google y Samsung se sumaron a la petición del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de una moratoria en la explotación de los fondos marinos. Científicos y activistas afirman que la TMC está creando una falsa sensación de urgencia sobre la necesidad de minerales en los fondos marinos. Afirman que los suministros de minerales existentes son suficientes para los próximos 10 años y que, después de eso, gran parte de la demanda podría satisfacerse con una tecnología de reciclaje que mejora rápidamente. Otros se muestran escépticos sobre la promesa de un tope de 2.000 millones de baaterías. Lisa Levin, catedrática de oceanografía biológica del Instituto Scripps de Oceanografía, dijo: "Una vez que se ponga en marcha una nueva industria, no será sólo DeepGreen [TMC], sino que habrá varios países. Será muy difícil de parar. La minería debe continuar durante 20 o 30 años para recuperar la inversión. No es algo que se cierre de un momento a otro".
¿Quién es el ISA?
Muchos observadores aceptan que la minería de aguas profundas seguirá adelante en algún momento. Pero debe hacerse con cuidado, una vez que se hayan evaluado plenamente los riesgos, se haya perfeccionado la tecnología y se hayan reforzado al máximo los sistemas de supervisión para garantizar un impacto mínimo en los ecosistemas oceánicos. El mundo podría confiar más en ello si el organismo regulador fuera más abierto, más democrático, menos centrado en el beneficio comercial y más atento a las pérdidas medioambientales. Sin embargo, tal como está, la ISA está orientada a seguir adelante.
Celebró su primera reunión en Kingston, Jamaica, del 16 al 18 de noviembre de 1994. El lugar de esta reunión y de las siguientes fue el Centro de Conferencias de Jamaica, que presume de ser "el lugar de reunión más sofisticado del Caribe". En el calor del exterior, las líneas angulares de hormigón destacan entre palmeras y fuentes. En el interior, el centro de conferencias con aire acondicionado está decorado con brillantes paneles tejidos a mano. Este es un mundo multinacional en el que se paga en dólares. Los delegados de la ISA llegan en limusinas diplomáticas, algunas con banderitas en el capó, y se reúnen entre las salas de reuniones, el vestíbulo de mármol y los cócteles en los bares con vistas al Caribe. Por la noche, los delegados y contratistas son invitados a veladas organizadas por el gobierno jamaicano o a cenar en la mansión del secretario general de la ISA, Michael Lodge, en lo alto de la colina que domina el puerto.
Lodge, un abogado británico, quiere que los estados miembros se pongan de acuerdo en un reglamento que establezca normas para las prácticas mineras y permita el inicio de las operaciones comerciales. Las discusiones sobre este tema están en marcha desde 2017, pero se han enredado en cómo repartir los futuros ingresos de la minería entre las naciones. La ISA prefiere tratar esto como un problema tecnocrático. Pero, como ha demostrado la intervención de Nauru, se trata de cuestiones mucho más fundamentales de gobernanza y política mundial. ¿Quiere el mundo que un micro’estado desesperado y una multinacional minera le empujen a la última frontera de los bienes comunes globales? ¿Está dispuesto a correr el riesgo de que los fondos marinos acaben como Nauru, víctimas de la sobreexplotación y de falsas promesas de restauración?
Los documentos de archivo muestran que las empresas han intentado influir en la ISA desde su creación. En la década de 1980, empresas multinacionales como Lockheed Martin y Sumitomo presionaron a los gobiernos para que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar "contuviera un sesgo a favor de la producción minera".
Posteriormente, la Asamblea General de la ONU aprobó la financiación de la ISA en 1994, señalando que el fondo y el subsuelo de los océanos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, eran patrimonio común de la humanidad y debían tratarse en consonancia con "la creciente dependencia de los principios del mercado". Las demás especies y ecosistemas quedaron en un segundo plano. Para eludir los bloqueos normativos, los países ricos también impulsaron una "norma de los dos años" que podría ser iniciada por cualquier país. Una vez que se inicie ese proceso, la responsabilidad se traslada a los reguladores para que adopten las normas de explotación en un plazo de 24 meses.
En teoría, todos los países del mundo participan en la toma de decisiones de la ISA. En la práctica, el poder recae en un pequeño grupo de expertos que se inclina a favor de la minería. No existe un grupo especializado en evaluación medioambiental o científica que examine las solicitudes de nuevos contratos. En lugar de ello, los nuevos contratos son decididos inicialmente por la Comisión Jurídica y Técnica (Legal and Technical Commision o LTC) de la ISA, compuesta por sólo 30 miembros. Sus decisiones sólo pueden ser anuladas por una mayoría de dos tercios del consejo en pleno, que comprende 36 Estados.
La comisión tiene un historial del 100% en la aprobación de solicitudes de exploración, por las que ISA cobra una tasa de tramitación de 500.000 dólares (365.000 libras). Los miembros de la LTC se inclinan más por la extracción que por la supervisión medioambiental: una quinta parte de los miembros trabaja directamente para contratistas con proyectos de minería en aguas profundas. Entre ellos se encuentran Nobuyuki Okamoto, fundador de la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, que ha iniciado su propia exploración del fondo marino, y Carsten Rühlemann, que trabaja para el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania, que tiene contratos de exploración en los océanos Pacífico e Índico. Muchos otros tienen experiencia en minería o exploración de petróleo y gas. Entre ellos se encuentran el presidente de la comisión, Harald Brekke, que es un geólogo de alto nivel en la Dirección de Petróleo de Noruega; el representante de Pakistán, Khalid Mehmood Awan, que ha trabajado para empresas de petróleo y gas en alta mar; y un geólogo australiano, Mark Alcock, que figura como que ha trabajado anteriormente en la prospección de petróleo y minerales. En comparación, sólo tres miembros se dedican obviamente a los ecosistemas marinos, como Gordon Lindsay Paterson, zoólogo del Museo de Historia Natural de Londres.
Un portavoz de la ISA dijo: "Los miembros del LTC son elegidos por el consejo entre los candidatos propuestos por los Estados parte de la UNCLOS [Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar]. Los Estados parte deberán proponer candidatos con el más alto nivel de competencia e integridad y con cualificaciones en los campos pertinentes. El Consejo se esforzará por garantizar que la composición del Comité de Derecho del Mar refleje todas las cualificaciones apropiadas. En la elección de los miembros del LTC, se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de una distribución geográfica equitativa y la representación de intereses especiales".
Añade que hasta ahora se han concedido 31 contratos de exploración y que "la evaluación por parte del LTC de una solicitud de plan de trabajo para la exploración es un proceso riguroso".
Algunos miembros del LTC reconocen en privado la necesidad de un cambio, para poder evaluar adecuadamente los riesgos de esta nueva y vasta área de exploración. "Probablemente sabemos más sobre el espacio exterior que sobre esta frontera [de las profundidades marinas]", dijo un delegado que pidió permanecer en el anonimato. "He oído sugerencias de una mayor supervisión medioambiental, y no puedo decir que tenga una opinión contraria".
No sólo los pequeños Estados insulares son cómplices. Se supone que los recursos de los fondos marinos benefician a toda la humanidad y promueven el desarrollo sostenible, pero sólo tres empresas de países ricos participan en ocho de los 10 contratos de exploración de minerales en la zona Clarion-Clipperton del Pacífico que se han adjudicado desde 2010: la canadiense TMC (antes DeepGreen), la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) y la británica Seabed Resources, filial del fabricante de armas estadounidense Lockheed Martin.
El papel de estas empresas es opaco. Ninguna de las empresas matrices está incluida por la ISA en su lista de contratistas. Una práctica habitual es operar a través de filiales o adquiriendo acciones de socios en pequeños Estados insulares, a menudo en colaboración con los gobiernos nacionales. Esto hace que la responsabilidad en caso de accidente sea preocupante: las filiales suelen ser pequeñas, lo que podría dejar a las naciones pobres con enormes responsabilidades.
El gobierno británico ha esquivado su respuesta a Nauru al activar la cláusula de los dos años. Esto parece apropiado para una antigua potencia colonial que todavía está luchando por igualar sus pretensiones de liderazgo ambiental con acciones que van en contra de su continua dependencia de la explotación de recursos de ultramar. En 2019, el comité de auditoría medioambiental de la Cámara de los Comunes, del que formaba parte el diputado tory Zac Goldsmith, ahora Lord Goldsmith y ministro del Pacífico y del Medio Ambiente, concluyó que la minería de aguas profundas tendría "impactos catastróficos en el fondo marino"; que el hecho de que la ISA se beneficiara de los ingresos procedentes de la concesión de licencias mineras suponía "un claro conflicto de intereses" y que aún no se habían presentado argumentos a favor de la minería de aguas profundas.
Sin embargo, los lazos entre el gobierno del Reino Unido y la industria minera de aguas profundas han sido poco saludables. Un funcionario de la Oficina del Gabinete se ha trasladado a Lockheed Martin, propietaria de UK Seabed Resources, para dirigir su departamento de asuntos gubernamentales. El ex primer ministro David Cameron utilizó las estimaciones de Lockheed Martin sobre el valor potencial de la industria minera de los fondos marinos, en lugar de un análisis independiente. Cuando Greenpeace recibió finalmente una solicitud de libertad de información sobre las licencias de minería de aguas profundas entre el gobierno británico y UK Seabed Resources, descubrió que estaba "plagada de errores e inexactitudes", que se basaba en una legislación obsoleta y que se extendía por una duración superior a los límites permitidos por la legislación británica.
Cuando se le formuló una pregunta parlamentaria sobre Nauru y la cláusula de los dos años, el entonces ministro de Economía, Nadhim Zahawi, se negó a apoyar una moratoria y dijo que la posición del Reino Unido era esperar a que hubiera suficientes pruebas científicas y una sólida normativa medioambiental. Zahawi tiene más experiencia en la exploración de minerales que cualquier otro diputado. Antes de entrar en el Gobierno, recibió más de un millón de libras en concepto de salario y primas de Gulf Keystone Petroleum, trabajó como consultor para la petrolera canadiense Talisman y declaró acciones en la petrolera Genel Energy y en Gulf Keystone. No hay indicios de que haya actuado mal, pero -como muchos miembros de la LTC- puede estar predispuesto a las industrias extractivas, al haber vivido de ellas durante tantos años.
Los activistas dicen que no es demasiado tarde para detener el reloj; la oposición está ganando impulso. El congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza votó a principios de este mes por abrumadora mayoría la prohibición de la minería de aguas profundas. La moción recibió el apoyo de los delegados de los gobiernos y de la sociedad civil. Aunque la votación no es vinculante, pone de manifiesto el amplio malestar por las tácticas de “apurar ” de Nauru y TMC. También está previsto presentar un recurso ante otro organismo de la ONU, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, contra la autorización de la minería de aguas profundas.
Nuestro patrimonio común
Pocos países se oponen rotundamente a la explotación minera, pero muchos prefieren esperar. Sus motivos son muy diversos. Por un lado, hay países como Costa Rica, Fiyi y Alemania que desconfían de las implicaciones medioambientales. Por otro lado, hay naciones como Chile y muchos países africanos, con fuertes intereses en la minería terrestre, que no quieren ver más competencia que pueda hacer bajar los precios de sus minerales. El Grupo de naciones africanas se ha pronunciado enérgicamente contra la medida de Nauru, afirmando que "probablemente debilitará, en lugar de facilitar, el desarrollo de un régimen eficaz que incorpore plenamente el principio del patrimonio común de la humanidad".
Un robos subacuático con una muestra de mineral de cobre
Académicos y grupos de la sociedad civil creen que la TMC ha exagerado. Esperan que su movimiento prematuro para fijar una fecha límite estimule las reformas de la ISA. Pradeep Singh, observador de la AIS y experto en océanos del Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad de Potsdam (Alemania), dijo: "A decir verdad, no dice demasiado sobre el proceso de toma de decisiones de la ISA, salvo que es lamentable que se haya invocado la disposición. Tal vez el momento de invocar la disposición esté menos relacionado con la puesta en marcha real del proceso en la ISA y más con el aumento de la confianza o el valor del mercado, y con atraer a los inversores para que inviertan en el contratista".
El caso plantea cuestiones aún más profundas sobre el tratamiento de la Tierra por parte de la humanidad, en particular la peligrosa brecha entre el cuidado de nuestro entorno local inmediato y la vista gorda ante lo que ocurre en los rincones más remotos del planeta. El filósofo francés Bruno Latour lo remonta al pensamiento colonial, que continúa en el capitalismo neoliberal actual. "Todo Estado delimitado por sus fronteras está obligado, por definición, a mentir sobre lo que le permite existir, ya que, si es rico y desarrollado, tiene que expandirse sobre otros territorios a escondidas, aunque sin considerarse responsable de esos territorios en modo alguno", escribe en su nuevo libro After Lockdown: Una Metamorfosis. "Es una hipocresía básica que crea una desconexión entre, por un lado, el mundo en el que vivo como ciudadano de un país desarrollado, y, por otro, el mundo del que vivo, como consumidor del mismo país. Como si cada Estado estuviera acoplado a un Estado en la sombra que nunca dejara de acecharlo, un doble que lo abastece, por un lado, y es devorado por él, por otro".
Un argumento más conciso es el de Will McCallum, responsable de océanos de Greenpeace Reino Unido, que teme que las profundidades marinas sufran como todos los demás territorios recién abiertos. "Cualquier afirmación de que no es perjudicial para el medio ambiente carece de sentido, ya que ahora no tenemos ni idea de cuál es ese medio", dijo.
"Nunca hemos entrado en una frontera y no la hemos jodido más".