Fuente: The Guardian - Por Owen Bowcott - Noviembre 2020
El plan para elaborar una definición legal de "ecocidio" atrae el apoyo de los países europeos y de las pequeñas naciones insulares
Los abogados internacionales están elaborando planes para un delito de ecocidio jurídicamente exigible - que penaliza la destrucción de los ecosistemas del mundo - que ya está atrayendo el apoyo de los países europeos y las naciones insulares en peligro por el aumento del nivel del mar.
El panel que coordina la iniciativa está presidido por el Prof. Philippe Sands QC, del University College London, y Florence Mumba, ex juez de la Corte Penal Internacional (CPI).
El objetivo es elaborar una definición jurídica de "ecocidio" que complemente otros delitos internacionales existentes, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.
El proyecto, convocado por la Fundación Stop Ecocide a petición de los parlamentarios suecos, se ha puesto en marcha este mes para coincidir con el 75º aniversario de la apertura de los juicios por crímenes de guerra de los líderes nazis en Nuremberg en 1945.
Varios pequeños países insulares, entre ellos Vanuatu, en el Pacífico y Maldivas, en el Océano Índico, pidieron que se considerara "seriamente" un delito de ecocidio en la asamblea anual de Estados Partes de la Corte Penal Internacional en diciembre del año pasado.
El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha defendido la idea y el gobierno belga ha prometido su apoyo. El secretario de justicia en la sombra, David Lammy, también ha pedido que el ecocidio se incorpore a la ley.
La Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, ha prometido previamente dar prioridad a los crímenes que resulten en la "destrucción del medio ambiente", la "explotación de los recursos naturales" y el "despojo ilegal" de tierras.
En un documento de política de la Corte Penal Internacional de 2016 decía que no ampliaba oficialmente su jurisdicción, pero que evaluaría los delitos existentes, como los crímenes de lesa humanidad, en un contexto más amplio. Hasta la fecha no se han realizado investigaciones formales ni se han presentado cargos de este tipo.
Sands dijo: "Ha llegado el momento de aprovechar el poder del derecho penal internacional para proteger nuestro medio ambiente mundial... Espero que este grupo pueda... forjar una definición que sea práctica, eficaz y sostenible, y que pueda atraer apoyo para permitir que se haga una enmienda al estatuto de la CPI".
Mumba, juez del tribunal en el que se juzgó el genocidio de los Khmer Rouge y ex juez de la Corte Suprema de Zambia, dijo: "Un crimen internacional de ecocidio puede ser importante en el sentido de que la responsabilidad individual/estatal puede ser regulada para lograr un equilibrio para la supervivencia tanto de la humanidad como de la naturaleza".
Jojo Mehta, el presidente de la Fundación Stop Ecocide, dijo al Guardian: "En la mayoría de los casos el ecocidio es probable que sea un crimen corporativo. Criminalizar algo en la CPI significa que las naciones que lo han ratificado tienen que incorporarlo en su propia legislación nacional.
"Eso significa que habría muchas opciones para procesar [a las corporaciones infractoras] en todo el mundo."
Mehta dijo que un desafío para el panel de redacción sería definir en qué momento un delito de ecocidio entraría en vigor. La tala de un solo árbol en el jardín de un pueblo no sería suficiente, explicó.
"Tendría que implicar una destrucción masiva, sistemática o generalizada", añadió. "Probablemente estamos hablando de la deforestación del Amazonas a gran escala, la pesca de arrastre en el fondo del mar o los derrames de petróleo. Queremos ponerla al mismo nivel que las atrocidades investigadas por la CPI".
El panel de 13 expertos legales de todo el mundo incluye a Tuiloma Neroni Slade de Samoa, quien también es un ex juez de la CPI. Planean completar su trabajo a principios del próximo año.